Emigdio Mercedes consideró que la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas representa un avance normativo, pero sostuvo que sus sanciones no bastan para frenar la corrupción administrativa. A su juicio, el problema central está en las negociaciones de sobornos o comisiones que pueden producirse entre funcionarios y proveedores.
Planteó que se necesitan controles más profundos sobre los procesos de contratación y sobre los movimientos financieros relacionados con las adjudicaciones. Mercedes entiende que cerrar esas brechas permitiría proteger mejor los recursos públicos y evitar que prácticas ilícitas reduzcan la inversión destinada a obras y servicios.
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